Bernardo Arévalo y el crimen de destruir el muro del «pacto de corrupción» en Guatemala

Bernardo Arévalo asumió la presidencia de Guatemala a través de una competitiva carrera de obstáculos que estuvo al punto de frustrar la investidura. El líder del Movimiento Semilla, un sociólogo progresista experto en resolución de conflictos, celebró elecciones en agosto y durante los últimos cinco meses ha enfrentado repetidos intentos de un sector del poder judicial para fortalecer la transición. El Ministro Público, designado por Consuelo Porras, funcionaria sancionada en 2022 por el Departamento de Estados Unidos por Corrupción, ha intentado inhabilitar su educación e incluso anular el proceso electoral. Lo que Domingo vio en el Congreso del país centroamericano, con la manipulación de un grupo de diputados que regresaron nuevas horas a la ceremonia de investidura, fue una exhibición más de un rojo de poderosos que prometen hacer todo lo posible para satisfacer el mandato de el nuevo presidente, que en las últimas semanas ha denunciado un intento de golpe de Estado.

Esta trama se conoce en Guatemala como el “pacto de corrupción”, un afecto entre los sectores político, económico y judicial que prosperó durante los períodos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, en los que el Gobierno estuvo marcado por un profundo deterioro institucional. La lucha contra la corrupción es la clave de todo. Fue por el triunfo inesperado de Arévalo, traduciendo la estela de fuerte crecimiento social que se logró en las protestas estudiantiles de 2015. Y es hora del programa de gobierno y sus principales obras.

“El primer obstáculo que encuentra el presidente es un ministro público que ha tratado de impedir su toma de posesión y probablemente ahora intentará limitar su capacidad de gobernar”, dijo Ricardo Sáenz de Tejada, politólogo y profesor de la Escuela de Historia, Antropología. y Arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El propio Arévalo reconoció tomar la carga de que enfrentará “desastres monumentales” para erradicar prácticas corruptas. Una de sus primeras acciones, la próxima semana, será exigir la renuncia de Consuelo Porras, aunque con toda probabilidad tenderá a discutir con las resistencias del fiscal general. “Mientras el Ministerio Público está en manos de rojos ilícitos, hay una gran decepción”, continúa Sáenz de Tejada. Pero la administración de justicia es sólo una de las fronteras vinculadas a la corrupción. Hay más que ver con la gestión económica, un terreno crucial para uno de los objetivos centrales del presidente, que apunta a profundizar la lucha contra la pobreza, que afecta al 55% de la población.

Si se trata, según el político, de las negociaciones, se cuestiona su transparencia e incluso su legalidad, lo que ya ha comprometido al Ejecutivo de Giammattei. “Esto incluye la terminal de contenedores en una de las puertas del Pacífico, las concesiones petroleras y las carreteras que el Gobierno tendrá que abordar”. A esto se sumaron otros desafíos estructurales como la infraestructura, el sistema de salud, la educación y los residuos acumulados durante la pandemia de covid-19, los problemas de las escuelas rurales y la seguridad, luego de un compromiso que también se caracterizó por la persecución a los opositores, alentaron los funcionarios de justicia. dedicado a la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, en opinión de Marielos Chang, política y cofundadora de la organización especializada en transparencia Red Ciudadana, «estamos en el momento más débil de la coalición política dominante, que había cooptado a las instituciones más importantes del país, de del Ejecutivo a la Presidencia del Legislativo o del Ministerio Público”. «Esperamos con ansias el 2023 y les cuento que Bernardo Arévalo y Samuel Pérez serán presidentes de la República y del Congreso respectivamente», continúa Chang. «Esto no significa que estemos desrotados, sino que estamos muy debilitados». Incluyendo la contundente sesión de constitución del Congreso fue soldada en la parte inferior, al margen de espectáculo de un sector de legisladores, con saldo positivo para el Movimiento Semilla, que cuenta con 23 miembros de 160. “Uno de los delitos de Arévalo es ser el primero en cumplir su promesa de campaña contra la corrupción, pero con la presidencia del Congreso puede hacer un paquete de reformas que puedan reducir esos hoyos y negros agujeros. Y así estuvimos una semana para entendernos, lo que visualizamos era un congreso completamente hostil al presidente”, razona.

Si hay espacio para el optimismo, según la analista política Raquel Zelaya, Arévalo “sabe que tenderá a moderar la sobreexpectativa” generada. “Habló de la lucha contra la corrupción y sus áreas de acción deben comprometerse a transparentar el Ejecutivo. Sí, puede hacerlo, sin nepotismo, sin favores, sin malos contratos. Y rendición de cuentas”, dice Zelaya, presidente del grupo de expertos Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (ASIES). En última instancia, en su opinión, el presidente debe esforzarse en predicar con el ejemplo y, mientras tanto, tratar con cariño a sus colegas, ya que la actividad legislativa es una de sus principales cuestiones.

Como parte de la inversión en Arévalo, el centro de los actores decisivos que protegen la transición y, en última instancia, evitan que el alivio se estanque. Los pueblos indígenas de Guatemala ejercieron presión durante más de 100 días de resistencia, iniciada el 2 de octubre por las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán. Esta poderosa organización india, observa Marielos Chang, es hoy «un nuevo actor con el poder de ser una fuerza importante, pero no necesariamente un aliado de Arévalo», lo que supuso otro desafío para el presidente. El segundo actor es la comunidad internacional, la que tiene a Estados Unidos, la Unión Europea y gobiernos latinoamericanos como el colombiano Gustavo Petro o el chileno Gabriel Boric al frente de un gran bloque de defensa para Arévalo. Su documento será tan decisivo durante su mandato como lo habrá sido durante la larga transición para evitar que las fuerzas del «pacto de corrupción» anulen el profundo cambio que ha afectado a más del 60% de los votantes guatemaltecos.

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